Frente al proyecto constitucional a plebiscitarse en diciembre, nuestra Fundación Nueva Educación y Sociedad. Autónoma de toda dirección partidaria u organismo nacional e internacional, fija públicamente su postura y convoca a las organizaciones sociales y a los ciudadanos en particular a manifestar:
1- Que una Constitución para ser verdaderamente representativa, debe entenderse como una obra de creación colectiva, encargada de recoger las aspiraciones más sentidas de la sociedad de un país, basada en el ejercicio de la Soberanía Popular, principio fundante de un sistema republicano verdaderamente representativo, y por tanto genuinamente democrático. Los integrantes del Consejo Constitucional, tanto de la Comisión de Expertos como los antes candidatos y luego electos, fueron designados por la desprestigiada casta política, sin participación del pueblo ciudadano a diferencia del proceso constitucional anterior. El carácter ilegítimo del actual proceso en marcha y nuestra estricta observación de su tendencia a anular conquistas civilizatorias, nos lleva al llamado patriótico y popular de llamar a votar ¡Rechazo! a la estafa constitucional en ciernes.
2- Que la indelegable soberanía popular, no permite que a una verdadera Asamblea Constituyente se la limite, imponiéndole previamente determinados temas o impidiéndole el tratamiento de otros, dado que representa el máximo ejercicio democrático que la sociedad puede darse, con la mayor amplitud de criterios y fundamentos, adoptando las orientaciones económicas, a la vez de la organización política y jurídica que libremente decida, acorde con el estado de conciencia de las mayorías.
3- Que la dignidad indelegable de la persona humana, nos lleva en primer lugar a rechazar de trabajo de pautear a una comisión de expertos, todos residentes en la capital, nombrada, como ya señalamos, de espaldas a la ciudadanía, por partidos políticos que cuentan, a excepción del neo fascista republicano (9%) -según encuestas recientes – con apoyos, que oscilan entre un 3 y un 2%. La propuesta de los expertos es hoy analizada y complementada por una comisión electa de 50 miembros, con una casi inexistente presencia de independientes, dado que los que ostentan esa condición fueron chequeados y filtrados por los partidos políticos que los apadrinan, mientras que nuestros pueblos originarios cuentan con solo un representante, por lo que esta Comisión Constitucional resulta ajena o incluso contraria a la diversidad sociocultural de Chile.
4- Que, a partir de la historia contemporánea del mundo, ninguna constitución, entendida como la ley suprema de un Estado, puede surgir de un acuerdo impuesto por cúpulas partidarias, dado que toda Carta Magna es la respuesta a una crisis, institucional de la que los partidos políticos son parte. Este aspecto fundamental explica que la población se vea masivamente, impelida a sobrepasar los límites que le ha fijado un Estado de Derecho subsidiario que ha perdido legitimidad, para convertirse en otro Estado fallido. Así, el actual proyecto constituyente se demuestra como fortalecedor del individualismo, insensible y absolutamente inconducente, porque siendo resultante de un estallido social – a nuestro juicio una etapa sin retorno -, no satisface las demandas más sensibles que manifestara la ciudadanía desde octubre de 2019.
5- Que, a diferencia de la Constitución emanada del proceso que culminó en 2022, que se declaraba como nuestra primera Constitución Ecológica, el actual proyecto no asume la debida cautela de bienes públicos como el agua continental, las aguas oceánicas y la plataforma submarina, los yacimientos mineros, la energía geotérmica e hidroeléctrica, la infraestructura de comunicaciones aéreas, portuarias o de puentes y carreteras, además de los parques nacionales, entendidos por ello mismo como un patrimonio común de todos los chilenos. Así, a diferencia de la propuesta del año anterior, la actual se inclina más al resguardo de los intereses depredadores de los grupo empresariales, que nos han hecho alimentariamente dependientes de la producción extranjera, que han agudizado los conflictos por la pendiente recuperación de tierras en el walmapu, y cuya voracidad anti ecológica ha acelerado la erosión del medioambiente, al punto que las catástrofes naturales que observamos a nivel mundial y local, son expresión elocuente de un calentamiento global de origen antrópico.
6- Que no basta que, de manera oportunista y sin verdaderas convicciones recoja del anterior proyecto declarar a Chile como un Estado Social y Democrático de Derechos, incluyendo el derecho garantizado de vivir en un medioambiente natural limpio y protegido, si estos derechos no son debidamente expuestos y no queden también redactadas las formas legales para su implementación y defensa.
7- Que, durante 34 años, los acuerdos de la casta política acerca de nuestra lenta transición hacia la democracia, nos han empujado a optar por el mal menor como es, a votar por el candidato menos malo o contra el más dañino. Así, asistimos a la paradoja de que cualquiera que sea nuestra opción, siempre sea la derecha y los grupos económicos que la sustentan los únicos beneficiados, gracias a la estabilidad de un sistema neoliberal corrupto y rentable sólo para ellos. Ejemplo de ello es, que la espúrea Constitución de 1980, aprobada en una consulta sin Registros Electorales y que demoró siete años en su redacción, queda hoy en mejor pie que la que debiera reemplazarla, dado que al menos ha experimentado reformas, aunque no han logrado – hay que decirlo – quitarle su carácter neoliberal y meramente subsidiario. Ésta constitución, que nos legó la dictadura y que aún nos rige, es posible de reformar a partir de un quórum que, a partir de 2022 se redujo de dos tercios a cuatro séptimas partes del parlamento. La propuesta actual, en cambio, además de pretender restituir principios originales de aquella, intentó reponer los dos tercios que la harían inmodificable, lo que, tras denunciarse llevó a que los republicanos aceptaran reducir el quórum necesario para introducir modificaciones a tres quintas partes, lo que sigue siendo superior al quórum aceptado para modificar la actual.
8- El proyecto a plebiscitarse en diciembre está, entonces, garantizando la perpetuidad o al menos una larga duración al sistema de AFP, al de ISAPRES, a la colusión de los grupos económicos, a perder las esperanzas de que la vivienda sea un derecho y a tener los medicamentos más caros del mundo con un mercado absolutamente desregulado, sin que contemple la idea de un sistema previsional solidario ni la revocabilidad de los cargos públicos de representación popular (alcaldes, concejales, diputados o senadores) cuando son mal ejercidos, ni contemple las iniciativas populares de ley para que, mediante una cantidad de firmas previamente establecidas, la ciudadanía pueda obligar a legislar sobre temas de su interés o urgencia.
El proyecto constitucional en marcha es, por lo tanto, otro ejemplo neoliberal de una democracia protegida, de la propia ciudadanía.
Varios Centros de Estudio vinculados a partidos políticos del oficialismo, como Instituto Igualdad, Rumbo Colectivo, Casa Común, Chile 21, Fundación por la Democracia, Nodo XXI e ICAL, acaban de dar a conocer en una extensa y muy clara declaración conjunta, titulada Riesgo de regresión constitucional democrática, sus reparos a la constitución que con mayoría absoluta prepara la derecha, capitaneada por los pinochetistas del partido republicano. Dicen lamentar que los partidos de Chile Vamos; los cómplices históricos y representantes de los únicos beneficiados por el golpe de Estado “…no opongan resistencia” y más aún “se plieguen al esfuerzo para transformar en letra muerta la afirmación de un Estado Social y Democrático de Derechos” poniendo en cuestión avances civilizatorios de la humanidad, sintonizando con la extrema derecha neofascista “a nivel internacional como las que gobiernan Hungría, Polonia y gobernaban hace poco a Brasil…gobiernos autoritarios que pueden operar sin contrapeso“ socavando atribuciones para “instrumentalizar las FFAA y las policías”, además de obstaculizar ”la búsqueda de verdad, justicia y reparación en materia de DDHH…a precarizar el trabajo” con la pretensión de eliminar el derecho a huelga, al precio de pasar también por encima de derechos de género, conquistados por mujeres a lo largo de un siglo en favor de la igualdad de oportunidades cívicas y laborales, además de su indiferencia respecto de la protección del medio ambiente biótico. En favor de su advertencia, señalan que hasta el Centro de Estudios Públicos CEP, el más serio y prestigiado de la derecha, advierte en el intento constitucional en marcha “una política de identidad que solo puede practicarse de manera conflictiva”.
Nuestra diferencia con estos centros de pensamiento dependiente, es que siendo parte de un entramado que validaron, no se atreven a llamar abiertamente a votar en contra del nuevo engendro constitucional de la derecha, mientras que nosotros, podemos hacerlo en base a nuestra incuestionable independencia política y a una vida entera como parte de las luchas populares y democratizadoras de nuestro país.
Por todo lo anterior es que, observando sin apresuramiento el proceso en curso y por ser parte constitutiva del mundo de los trabajadores, de los abusados de siempre, de los que no son debidamente escuchados, nos inclinamos conscientemente a convocar, junto a centenares de organizaciones representativas de una ciudadanía honesta, y sin otro poder que el de su voto, a rechazar la nueva propuesta de las derechas, a informarse, a organizarse y a permanecer alertas.
¡LA HISTORIA Y EL FUTURO SON NUESTROS! QUE NO NOS ARREBATEN NUEVAMENTE EL PORVENIR, COMO HACE CINCUENTA AÑOS.
FUNDACIÓN NUEVA EDUCACIÓN Y SOCIEDAD, FNES
Santiago, Septiembre de 2023.-
